Reforma Hacendaria

La deficiencia recaudatoria histórica del Estado mexicano, apenas el 13.9 por ciento del PIB, sin incluir la cuenta de los derechos sobre la producción de hidrocarburos, cuando la media de los países de América Latina es de 19 por ciento y la de los miembros de la OCDE de la que México forma parte es de 33 por ciento, limita su papel de promotor del crecimiento económico y la justicia distributiva.

Esa deficiencia tributaria la compensa nuestro país con los ingresos del petróleo: las finanzas públicas del gobierno mexicano siguen siendo altamente dependientes del precio internacional de este insumo básico de la industria mundial: los ingresos petroleros representaron en el ejercicio fiscal 2012 un promedio del 35 por ciento respecto a los ingresos totales del gobierno federal, es decir más de uno de cada tres pesos del gasto público nacional sigue siendo financiado por la venta de petróleo y lo que es peor, petróleo crudo, sin el valor agregado que le otorga la refinación y la elaboración de productos derivados, es decir valor añadido que sólo otorga la economía del conocimiento a la que todavía no accede plenamente México.

Hay deficiencia en la recaudación, injusticia en la carga tributaria y dispendio en el destino del gasto público, en el diagnóstico de Carlos Elizondo Mayer Serra, vertido en su libro “Con dinero y sin dinero”, quizá el estudio más agudo y puntual de la materia en México:

“Si se mide el poder por la capacidad para hacer que otras personas hagan o contribuyan en algo, un Estado que logra que sus ciudadanos paguen más es un Estado más fuerte, aunque esto no lo haga necesariamente más eficiente si no ejerce bien el gasto. El pacto fiscal, entendido como el contrato -la relación entre los ciudadanos y el gobierno que especifica quien paga y cuánto en impuestos, quién recibe y cómo se gastan esos recursos- es quizá la relación más importante entre sociedad y gobierno”.

De México dice: “en nuestro caso, este pacto es el de una sociedad desigual, donde un grupo, no precisamente pequeño, tiene una amplia libertad para no pagar impuestos y la mayoría no tiene capacidades para llegar a su potencial en buena medida por falta de bienes y servicios públicos de calidad que ayuden a romper el círculo vicioso de la desigualdad en que México está inmerso desde la Independencia misma. Ello ocurre no sólo porque el gobierno tiene poco dinero, sino porque el que tiene lo gasta mal, porque algunos de quienes lo gastan se apropian de una parte de esos recursos con salarios altos respecto de los que existen en el mercado de trabajo, con exceso de personal, poca carga de trabajo a través de la amplia corrupción existente.”

La deficiencia recaudatoria del fisco, traducida en debilidad del Estado mexicano, además del inadecuado destino del gasto público, hacían necesaria e impostergable una reforma hacendaria, aun cuando en una primera fase, y ante la resistencia de algunos grupos de poder, no alcanzara la profundidad requerida, pero sí introdujera cambios sustantivos, así se tocaran intereses de grupo.

No era una decisión fácil de instrumentar. La falta de acuerdos en lo fundamental entre las fuerzas políticas nacionales y la ausencia de interlocución eficaz por parte de quienes encabezaron los recientes gobiernos federales habían hecho inviable cualquier iniciativa para terminar con intereses creados, privilegios de grupos de poder, excepciones injustificadas y complejidades artificiales. Al final, un Estado con debilidad fiscal.

Por eso, uno de los objetivos medulares del Pacto por México fue “impulsar una Reforma Hacendaria Eficiente y Equitativa que sea Palanca del Desarrollo”. Comprende los compromisos 69, “Eficiencia Recaudatoria”; 70, “Fortalecimiento del Federalismo Fiscal”; 71, “Eficiencia del Gasto Público y Transparencia”; 72, “Fortalecer la capacidad financiera del Estado”; 73, “Revisión política de subsidios y a los regímenes especiales”.

Como se tenía programado, el segundo semestre del 2013 y específicamente el mes de septiembre, el titular del poder Ejecutivo presentó con un relativo consenso en algunos puntos y también con aspectos de alta controversia en otros entre los partidos representados en el Pacto por México, una iniciativa de reforma hacendaria que buscaba responder a esos objetivos y a esos compromisos.

Los puntos de alta controversia hicieron que finalmente la reforma hacendaria tuviera el apoyo de los partidos y los legisladores del PRI y el PRD, además del PVEM, no así del PAN.

Desde el principio, lo que fue bien ponderado en la opinión pública sobre el llamado coloquialmente paquete económico elaborado por el equipo hacendario del gobierno fue el sentido social del destino del ingreso adicional a recaudar: derechos sociales universales como la seguridad social y el seguro del desempleo, como vimos en el punto anterior, puntos relativos a la reforma del régimen de seguridad social.

Lo más controversial: el IVA a las colegiaturas y al sector vivienda, hipotecas, renta y venta, con una seria repercusión en las economías de la extensa clase media, puntos que después fueron retirados con la anuencia del propio equipo económico gubernamental y el voto de todos los partidos políticos, incluido el PRI, quien a través de su dirigente nacional, César Camacho, expresó la necesidad de modificar la propuesta original.

Los dirigentes y los legisladores de las fuerzas políticas que finalmente aprobaron la reforma hacendaria, PRI y PRD, ponderaron en sus intervenciones de tribuna y en entrevistas de prensa, entre otros aspectos:

1. El que se mantuvieran exentos del IVA los alimentos y las medicinas.
2. El destino social del gasto, al crearse nuevos derechos sociales, como la pensión universal y el seguro del desempleo.
3. Que se tratara de una reforma progresiva pues grava más a los deciles de la población de mayores ingresos, por eso se eleva la tasa del Impuesto sobre la Renta, ISR, de 30 a 35 por ciento, de manera gradual y progresiva: más de 750 mil anuales 32 por ciento; más de 1 millón, 34 por ciento; más de 3 millones, 35 por ciento.
4. El que se trate, desde su punto de vista, de una reforma que promueve la eficiencia recaudatoria, pues simplifica los trámites para pagar las distintas contribuciones fiscales: la Ley del Impuesto Sobre la Renta pasó de 295 a menos de 190 artículos, además de eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU, que complicaba en extremo la contabilidad de las empresas.
5. Es una reforma que toca segmentos antes exceptuados y por eso por primera vez en México se grava, con un 10 por ciento, las ganancias obtenidas en la Bolsa de Valores así como el reparto de dividendos.
6. Es una reforma hacendaria que revisa también los subsidios y los regímenes especiales y por eso focaliza los apoyos sociales, elimina gradualmente el subsidio a la gasolina y cancela múltiples regímenes de excepción, como se explicó en el caso de la Ley del ISR.
7. Se elimina el régimen de consolidación fiscal, un mecanismo mediante el cual un grupo de empresas del mismo corporativo presentaba un sólo resultado fiscal, sumando y conjugando contablemente ganancias de una empresa con pérdidas de otra, hasta terminar pagando menos que empresas medianas y pequeñas.
8. Se incluyó por primera vez al Distrito Federal en el llamado Fondo de Capitalidad.
9. La reforma, afirman, promueve la salud en la alimentación de los mexicanos, pues grava el consumo de los refrescos y la llamada “comida chatarra”.
10. Es una reforma, declaran, que fortalece el federalismo fiscal y por eso canalizará más recursos económicos a las entidades más rezagadas, caso de los estados con infraestructura escolar más precaria, justamente donde ha habido más protestas entre el magisterio por la aprobación de la reforma educativa.

Para dirigentes y legisladores del PAN, la reforma hacendaria presentaba varios puntos discutibles, y por eso el voto resultó adverso.

Concretamente, el líder del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, resumió en cinco las objeciones de su partido a la reforma hacendaria:

1. La homologación de la tasa del IVA en 16 por ciento en todo el territorio nacional, incluidas las entidades de la frontera que tenían el 11 por ciento.
2. La afectación, desde su punto de vista, de la industria de la maquila, al gravar las importaciones temporales.
3. El gravamen del 30 por ciento del ISR a la producción del sector primario de la economía.
4. El gravamen del 10 por ciento a las transacciones bursátiles (ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores), normalmente grandes empresas.
5. Los impuestos a la vivienda (que finalmente fueron eliminados de la reforma hacendaria, por iniciativa de todos los partidos políticos).

En la opinión pública nacional, destaca el juicio de analistas como Santiago Levy, Federico Reyes Heroles y Héctor Aguilar Camín, para quienes al haberse introducido el seguro social universal debió haberse universalizado también la aplicación del IVA, el mayor impuesto al consumo en México, es decir, incluir también a los alimentos y las medicinas, dejando fuera en todo caso una canasta básica. Sin embargo, como lo revelan los estudios de opinión, se trata de una medida que difícilmente encontraría apoyo en la población mexicana.

Lo cierto es que el Estado mexicano debe reducir su alta dependencia de los ingresos del petróleo. A este respecto, en declaraciones consignadas por el diario Milenio, edición del 5 de noviembre del 2013, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, expresó que a partir del 2014 los ingresos públicos del país dependerán uno por ciento menos de los ingresos petroleros, como un efecto inmediato de la reforma hacendaria aprobada durante este periodo ordinario de sesiones por el Congreso de la Unión.

Esa dependencia fiscal de los ingresos petroleros tendrá que disminuir mucho más en el mediano plazo cuando la economía real crezca a partir de la puesta en marcha, con su impacto real en el aparato productivo, de las reformas estructurales recién aprobadas y en proceso, como la laboral, la de productividad, la de telecomunicaciones, la hacendaria, la financiera y la energética.

Esas reformas tendrán que impactar también en el crecimiento económico a mediano plazo, cuando se aprueben tanto las reformas constitucionales como las leyes secundarias. De un modesto 2.7 por ciento en el 2014 afectado por un entorno mundial de desaceleración, pasaríamos a un 5 por ciento en la segunda mitad de esta administración federal, ya con las reformas implementadas, en las proyecciones del secretario de hacienda Luis Videgaray y de varios analistas financieros.

A largo plazo, la reforma que más debe impactar en los niveles de crecimiento, de productividad, de competitividad y de calidad de vida de los mexicanos es la reforma educativa, como ha ocurrido en otras naciones, entre ellas varias del sudeste asiático, ya analizadas.

Sólo un Estado nacional fuerte, moderno y con visión de futuro, apuntalado por reformas de fondo, podrá eliminar los privilegios que aún quedan y corregir las distorsiones del mercado y los desequilibrios regionales para dar sustentabilidad al desarrollo económico y caminar con firmeza hacia el largo plazo, el umbral de las futuras generaciones.