Reforma al Régimen de Seguridad Social.

Aunque fue enviada como parte del llamada paquete económico y la reforma hacendaria, es importante destacar por separado esta reforma, pues tiene un sentido y un contenido muy específicos.

En efecto, en la propuesta económica para el ejercicio fiscal 2014, el titular del poder Ejecutivo Federal incluyó dos programas fundamentales, característicos de la socialdemocracia europea y de los partidos modernos de izquierda que paulatinamente fueron adoptados por todos los países desarrollados, programas impensables para México hasta hace muy pocos años:

• Seguridad social universal, con atención médica y una pensión para todos los mayores a 65 años que carezcan de alguna modalidad de seguro.
• Dentro de este esquema de seguridad social, destaca el seguro del desempleo, un piso equivalente a un salario mínimo mensual y capacitación para que el trabajador se reincorpore en el menor tiempo posible a una actividad productiva.

Una iniciativa del propio titular del poder Ejecutivo para transitar de una política pública a un mandato legal, y dar permanencia a esos programas sociales, ya fue aprobada en octubre del 2013 en la Cámara de Diputados y fue turnada al Senado de la República. Con 418 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, es decir con un amplio consenso, se reformaron los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política; con esta reforma se eleva a rango constitucional el seguro de desempleo y la pensión universal para adultos mayores desde los 65 años a partir de 2014, siempre y cuando se trate de mexicanos de escasos recursos económicos.

La reforma contempla que dicha edad se pueda modificar con base en los estudios demográficos y la esperanza de vida de la población, con lo que se podría aumentar en el futuro el rango de edad para ser acreedor a ese derecho “en función de la esperanza de vida de la población”.

Se señala que el acceso a los servicios que establece esta medida y el otorgamiento de los seguros y prestaciones correspondientes se realizará de acuerdo con el monto de ingresos que permita cubrir las nuevas obligaciones.

Los diputados también aprobaron elevar a rango constitucional el seguro de desempleo que sólo será aplicable a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es decir los que laboran en empresas privadas y en algunas empresas públicas afiliadas a este organismo, que pierdan su empleo. Los trabajadores al servicio del Estado no serán beneficiarios de esta reforma, pues ya cuentan con otras modalidades de seguro del desempleo.

Con esta reforma constitucional, una vez que sea aprobada por el Senado y la mayoría de legislaturas estatales, México dejará ser el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que no cuenta con un seguro de desempleo.

En marzo del 2014 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Pensión Universal y reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro para introducir el seguro del desempleo, aun cuando está pendiente de cubrirse toda la ruta procesal de la reforma constitucional que previamente estableció estos derechos, pues se estimó que la introducción de estas figuras sociales no contraviene el espíritu de la Carta Magna.

El seguro del desempleo garantiza el pago de al menos un salario mínimo durante un periodo no mayor a seis meses a los trabajadores desempleados. Este seguro comenzará a aplicarse, una vez que concluya el proceso legislativo, a partir de enero del 2015.

Son susceptibles de recibir ese beneficio los trabajadores que acumulen 45 días naturales consecutivos o más en situación de desempleo. Los trabajadores, establece la legislación, podrán hacer uso del seguro de desempleo una vez cada cinco años.

Las aportaciones patronales equivalentes a cinco por ciento del salario base de cotización y destinadas actualmente al ahorro de vivienda se dividirán en dos partes: dos por ciento para el fondo de vivienda y tres por ciento para una subcuenta mixta, con la cual se financiará el seguro de desempleo y, en su caso, los créditos para vivienda o el fondo de pensión del trabajador.

Adicionalmente, se creará un Fondo Solidario que tendrá recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de alrededor de nueve mil millones de pesos anuales, para apoyar a los trabajadores a quienes no les alcance su ahorro cuando pierden su empleo.

A su vez, la pensión universal beneficiará a cerca de 6 millones de adultos mayores de 65 años de edad. El monto mensual de la pensión será de 580 pesos en 2014, para incrementarse gradualmente y en un plazo no mayor a 15 años lleguen hasta mil 92 pesos. El gobierno federal constituirá un fideicomiso en el Banco de México para fondear la pensión universal de los mexicanos que a partir de 2014 cumplan 18 años de edad. Sin embargo, para que los dos programas sociales, seguro del desempleo y pensión universal se hagan realidad, el Senado de la República aún tiene que revisar tanto estas normas secundarias como las modificaciones constitucionales aprobadas por los diputados el año pasado.

Estos derechos colectivos de los sectores que requieren del apoyo estatal, componentes naturales de una democracia con sentido social e incorporados ya a las legislaciones de los países industrializados, implican un gran desafío presupuestal e imponen un peso adicional a la economía formal, un peso que tendrá que ser compensado con mayor productividad y mayor competitividad, para crear una economía más grande y robusta, a partir de las propias reformas estructurales aprobadas, como la laboral, la de competitividad, la financiera y la de telecomunicaciones, además de la reforma energética.

El reto es incentivar el crecimiento de la economía real para que el propio aparato productivo genere los recursos, vía las contribuciones fiscales, para financiar sólidamente estos nuevos derechos sociales y no graviten sobre un erario público deficitario, como ha ocurrido en naciones que no realizaron oportunamente las reformas pertinentes y que presentaron turbulencias, como Grecia.