Pacto por México, transformar desde la diversidad

Ese esfuerzo compartido, un punto axial en la historia nacional, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y las dirigencias nacionales del PRD, el PAN y el PRI, más tarde también del PVEM, se denominó Pacto por México y fue firmado el 2 de diciembre del 2012.

En la ceremonia de firma en el Castillo de Chapultepec, encabezada por el titular del poder Ejecutivo, estuvieron presentes los presidentes de los partidos firmantes, María Cristina Díaz, por el PRI; Jesús Zambrano, por el PRD, y Gustavo Madero, por el PAN; también estuvieron los coordinadores parlamentarios de esos partidos, además del PVEM; atestiguaron también los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En la ceremonia se destacó que los 95 compromisos del Pacto por México no eran meramente enunciativos, sino tenían un calendario definido para su cumplimiento, se tratara de reformas legales o de acciones administrativas de competencia exclusiva del poder Ejecutivo.

México venía de una historia donde se anunciaban grandes cambios al inicio de los sexenios, que luego naufragaban y se internaban en el túnel del tiempo, ante la incapacidad de los gobiernos y las oposiciones para tejer los consensos que los tradujeran en reformas legales, en políticas públicas y en acciones concretas. De ahí la necesidad de plasmar por escrito objetivos, compromisos y plazos.

El 7 de Mayo del 2013 se firmó un Adéndum, con la finalidad de añadir un compromiso explícito del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de las fuerzas políticas nacionales para transparentar el uso de los recursos públicos, especialmente los programas sociales de combate a la pobreza, a fin de que no fueran un factor en el ejercicio de la libertad de sufragio del ciudadano en los 14 procesos electorales locales de ese año.

Un listado de 95 puntos de coincidencia, compromisos específicos asumidos por todos, constituye esta agenda común de cambios políticos y reformas legales para, en primer lugar, fortalecer al Estado nacional y recuperar su supremacía, formal y real, frente a los poderes de facto de todo signo, grupos empresariales, poderes financieros, corporaciones sindicales, y los poderes situados fuera de la legalidad institucional, especialmente el crimen organizado.

Se trata, decía, de un momento axial, un punto de inflexión en la historia nacional, semejante en su espíritu y en sus alcances a otros instrumentos internacionales que se han suscrito para impulsar la democracia, el desarrollo y la justicia de sus pueblos, como los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977 para iniciar la transición democrática en España; y la Concertación de Partidos por la Democracia, en Chile, una amplia coalición opositora de todos los signos ideológicos para hacer posible la alternancia política en diciembre de 1989, después de la dictadura pinochetista.

Si bien en esos países el objetivo fue terminar con una tiranía personal o una dictadura institucional y transitar a la democracia pluralista, en México se trataba de consolidar el régimen democrático, modernizar el andamiaje institucional, reanudar el crecimiento económico, impulsar la competitividad, y propiciar la justicia social. Sumar una nueva etapa a la evolución de la democracia mexicana, la etapa de los acuerdos transparentes, los acuerdos en lo fundamental. Hacer prevalecer el interés colectivo, y traducirlo en una nueva ingeniería constitucional y legal. Hacerlo a partir de las voces más representativas del abanico de fuerzas políticas que coexisten y animan nuestra convivencia republicana.

Con la fortaleza y la legitimidad derivada del consenso, impulsar y aprobar todas las reformas estructurales pendientes, anunciadas algunas de ellas en otro tiempo y en ocasiones de manera reiterada, pero jamás procesadas por la ausencia de voluntad constructiva, interlocución fluida y capacidad de operación política.

En realidad los últimos acuerdos que rindieron fruto, aunque sin la profundidad de ahora, fueron los impulsados por los últimos gobiernos priistas, cuando las negociaciones del PRI, el PAN y el PRD, condujeron a dos reformas político electorales que en definitiva ciudadanizaron y dotaron de plena autonomía jurídica y de gestión el IFE, el órgano encargado de dar certeza, equidad y transparencia a los procesos electorales.

También escasas reformas en el ámbito económico, como la autonomía otorgada al Banco de México, en 1994, con la cual la política económica y sobre todo la política monetaria, incluida la definición diaria de la paridad del peso frente al dólar, dejaron de manejarse discrecionalmente desde la Presidencia de la República, “desde los Pinos” como se dice coloquialmente en México.

Durante la administración foxista, que consumió su bono democrático tratando infructuosamente de solucionar el conflicto en Chiapas, fracasó la principal reforma que se propuso: un acuerdo migratorio con Estados Unidos para regular el tránsito de trabajadores de México hacia aquel país; tampoco pudo concretarse la principal acción de su gobierno en materia de infraestructura: la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, sólo se dieron tímidas reformas como la que evitó la quiebra técnica del ISSSTE, una reforma acotada al régimen de PEMEX y una reforma electoral muy controvertida.

Pero la profundidad y el radio de acción de las reformas anunciadas en el 2012 y procesadas en el 2013 y en el 2014 no tienen precedente, por provenir de un pacto político amplio, plural y transparente.

Ese acuerdo en lo fundamental, el Pacto por México, no fue un acto espontáneo ni fortuito, sino producto de un proceso paulatino de acercamiento, civilidad y negociación en su más elevado sentido, a partir de una premisa básica: poner los intereses, los derechos y los anhelos de los ciudadanos por encima de los intereses y las plataformas de los partidos políticos, así como de los propios intereses personales de los representantes de la diversidad social, cultural y política de ese mosaico ideológico que es México.

En suma, anteponer la agenda nacional a la agenda partidista, la visión de largo plazo al interés del momento, el futuro de éstas y las próximas generaciones al resultado de las próximas elecciones.

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